Falsos Positivos en Colombia: la genealogía de la verdad

18 enero, 2021
falsos positivos Colombia

Este artículo ha sido escrito por Mar Ortega Jordá, a partir de su investigación para el Trabajo Final del Máster universitario de Derechos Humanos, democracia y globalización. «Falsos Positivos: la genealogía de la verdad» es un estudio que se centra en los Falsos Positivos y busca identificar las causas de su aumento en Colombia entre 2002 y 2018.

La violencia que ha caracterizado la política en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX sigue estando de actualidad con la presencia de la pandemia por Covid-19. En este contexto, se siguen investigando los hechos acaecidos durante el conflicto armado y analizando el impacto de los Acuerdos de Paz firmados en 2016.

Con la firma de los Acuerdos de Paz se puso fin a un conflicto que duró más de medio siglo y se establecieron las bases para la implementación, al año siguiente, del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Este sistema está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD). Esta última dedica sus esfuerzos a la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, secuestro o reclutamiento ilícito antes del 1 de diciembre del 2016. En este grupo de víctimas se incluyen los falsos positivos.

Los falsos positivos

Se entienden como falsos positivos las “ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano, con un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles posteriormente presentados como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate, mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos”[1].

La existencia de este tipo de ejecuciones extrajudiciales se remonta hasta los primeros años del conflicto, pero no sería hasta el período comprendido entre los años 2005 y 2010 que se convirtieron en una práctica habitual y, consecuentemente, en un problema de gran relevancia para el país y la comunidad internacional. Siendo los falsos positivos consecuencia directa de políticas estatales, resulta clave investigar cuáles fueron estas y su impacto en el aumento de esta práctica.

Causas del aumento de los falsos positivos

Tras realizar una serie de entrevistas en terreno, se identifica el arraigo de la comisión de falsos positivos en el Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática de Uribe.

El Plan Colombia para la Paz, Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado se concibió en 1999 entre Estados Unidos (EEUU) y Colombia, durante los mandatos de Bill Clinton y Andrés Pastrana respectivamente. Por parte del Gobierno colombiano, el objetivo central del Plan era el promover la paz y el desarrollo económico del país y reforzar la seguridad nacional a través de la terminación del conflicto armado y el desarrollo de una estrategia contra el narcotráfico. Por otro lado, el Gobierno estadounidense apoyaba económica y militarmente el Plan y prevenía el tráfico de drogas ilegales desde Colombia a los EEUU.

A pesar de que los objetivos parecieran tener puntos en común, la perspectiva de cada actor y los intereses nacionales condicionaron la aplicación del Plan. Como afirma Marco Palacios “es imposible no advertir la centralidad absoluta de Estados Unidos en la definición de las líneas políticas que adoptó la élite del poder en Colombia, del anticomunismo de la Guerra Fría a la ‘guerra a las drogas’ y a la ‘guerra global al terrorismo’”[2]. Consecuentemente, hubo una discordancia entre el diseño inicial del Plan Colombia y la aplicación real que tuvo, dado que se concibió pensando en la terminación del conflicto en Colombia –entre otros objetivos– y terminó por conllevar la escalada de este y, por ende de las violaciones a los de derechos humanos, como la que nos concierne, debido a los métodos utilizados para su implementación.

Por otro lado, la Política de Seguridad Democrática (PSD) fue puesta en marcha por Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia durante dos mandatos, desde 2002 hasta 2010. Esta Política tenía como objetivo incrementar el rol de la sociedad colombiana en la lucha del Estado frente a los grupos insurgentes y armados ilegales. La herramienta usada para implementar esta política fueron los cuerpos de seguridad, que se reforzaron y expandieron por todo el territorio colombiano. Dos hechos característicos de la PSD son la involucración de la población civil en la lucha contra los grupos insurgentes y el exceso de procesos antidemocráticos.

Se establecieron unidades de soldados campesinos que asumían el rol de la fuerza policial en zonas rurales a la vez que ofrecían incentivos a todas aquellas personas ­–entre las cuales militares– que cooperaran proporcionando suficiente información como para poder capturar miembros de la guerrilla. Consecuentemente, la comisión de falsos positivos aumentó, dado que la recompensa que se ofrecía por identificar y presentar personas supuestamente involucradas en grupos armados ilegales servía de incentivo para la perpetración de dicha práctica, una de las violaciones a los derechos humanos más graves que se han dado a lo largo del conflicto colombiano[3].

Conclusión

Desde hace más de 60 años, Colombia está inmersa en un conflicto armado. Las políticas que se han implementado a lo largo de los años, en particular el Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática, han empeorado esta coyuntura conllevando al aumento de falsos positivos y de violaciones de derechos humanos. A pesar de los intentos de poner fin a la violencia y de la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, las violaciones a los derechos humanos persisten[4].

Si bien el marco jurídico e institucional que ofrece el Acuerdo de Paz es esperanzador, el escenario que se ha abierto tras su firma sigue siendo frágil y muy volátil, ya que es una realidad evidente que la violencia no ha desaparecido en el país. Por este motivo, se considera clave identificar una herramienta de contingencia que pueda trabajar e impulsar el cambio de prácticas que hasta ahora se han venido dando en Colombia.

En este sentido, la presencia de la comunidad internacional es fundamental en la fase de implementación de los Acuerdos de Paz. El acompañamiento internacional continúa siendo un mecanismo de protección y visibilización eficaz para prevenir la violación de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario tanto a nivel individual como colectivo.


Referencias:

[1] Definición por la CIDH en la primera sentencia en la que se declara al Estado colombiano culpable y responsable de la comisión de este tipo de ejecuciones extrajudiciales, cometidas entre 1992 y 1997 en los Departamentos de Arauca, Santander y Casanare. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Villamizar Durán y Otros vs. Colombia, Sentencia de 20 de noviembre 2018 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Extraído el 8 de enero de 2020 desde: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_364_esp.pdf.

[2] Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, 2015. Extraído el 10 de febrero de 2020 desde: https://www.academia.edu/12305206/Informe_CHCV_Contribuci%C3%B3n_al_entendimiento_del_confli cto_armado_en_Colombia.

[3] Véase Directiva 29 – Juicio a Uribe Plataforma: La Directiva No.29 dio vía libre a los “Falsos Positivos” Extraído el día 29 de enero de 2020 desde: https://cronicon.net/paginas/juicioauribe/falsospositivos2.htm.

[4] En el estudio realizado, se pone el acento en analizar el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, a forma de denuncia.

Autor / Autora
Graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Blanquerna – Ramón Llull con Máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la Universidad Oberta de Catalunya UOC. Estudiante del Grado en Derecho en la Universitat Oberta de Catalunya y técnica de proyectos en International Action for Peace.
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