Epidemia: salud pública y derechos fundamentales

20 abril, 2020
niño TV

Hace pocos días en este mismo blog llamaba la atención sobre el silencio de los juristas ante el impacto que las medidas tomadas para combatir la epidemia tienen en nuestra libertad y en los derechos fundamentales. Podemos preguntarnos si a muchos les paraliza el miedo, la incapacidad de reacción ante el desconcierto provocado por una situación imprevista o el puro conformismo. No podemos pasar por alto además una razón muy relevante. En un nuestro entorno cultural el modelo familiar y de tribu se aplica a todo lo público. Por ello quienes deberían ser más críticos ante el poder, los pensadores de izquierdas, pueden sentirse incómodos criticando al que se ha creído que era el gobierno más progresista en muchos años. Predomina la fidelidad al club o la etiqueta y así el pensamiento libre y crítico queda aplastado bajo el peso del griterío, el hooliganismo o el “razonamiento” de trinchera, por no referirme al servilismo de algunos que puedan estar a la espera de algún cargo. Ante ello hay que advertir que si el personal sanitario arriesga su salud y su vida por cumplir con su deber profesional, a nosotros juristas nos toca asumir también nuestros riesgos para cumplir con el nuestro, incluido el riesgo a equivocarnos.

En esta segunda reflexión quiero ocuparme de aspectos relacionados con la victimología, a la que he dedicado gran parte de mi actividad investigadora. La prevención de la victimización y la protección de las víctimas es una cuestión de salud pública y observamos que en las declaraciones de los responsables políticos durante esta crisis predomina el enfoque de salud pública. Ello es lo normal ante una crisis sanitaria, aunque nos escandalice a muchos ver al presidente del Gobierno o a los ministros comparecer públicamente una y otra vez en plano de igualdad con jefes militares y policiales uniformados y adoptar una retórica militarista y de guerra ante un problema sanitario frente al cual se encomienda a los ciudadanos la misión de ser soldados, por cierto de un ejército de súbditos pasivos, encerrados y desarmados. En lo que se refiere estrictamente a los mensajes de salud pública, parece que los responsables políticos atienden solamente a una parte de la salud, la relacionada con el riesgo de contagio, algo incompatible con la propia idea de salud pública que obliga a tener una visión completa y a hacer ponderaciones.

La OMS, autoridad muy desprestigiada en estos momentos, ha recordado en diversas ocasiones que la violencia y el abuso sexual infantil son problemas de salud pública. A la hora de acordar o prorrogar un régimen de confinamiento de la población tan duro como el que ha impuesto en España, el Gobierno está obligado a tener en cuenta también los efectos negativos del mismo, entre los cuales está, el riesgo de victimización de los colectivos más vulnerables que no pueden defenderse por sí mismos. Un ejemplo real quizás convence más que mil palabras. Cuando se decretó el estado de alarma unos niños estaban a punto de ser sacados de su casa a causa de maltrato por la institución responsable de protección de menores. La institución, creyendo quizás que lo suyo no era un servicio esencial, paralizó el procedimiento y los niños llevan más de un mes confinados con sus maltratadores. Podemos recordar también los datos aportados por ANAR, entidad dedicada a la protección de menores en España, que ha detectado un aumento significativo de las demandas en su chat en que los niños pueden expresar sus necesidades de forma confidencial y gratuita. Además, en cuanto al abuso sexual debemos, una vez más, recordar que los estudios de victimización reflejan que una de cada cinco personas sufre abuso sexual en su infancia y que el principal foco de riesgo está en el entorno familiar.

La adopción de medidas excepcionales que entrañan limitación de derechos puede justificarse mediante el argumento del estado de necesidad. Eso nadie lo discute y para ello las constituciones prevén la posibilidad de tomar decisiones como la declaración del estado de alarma. Sin embargo, la regulación del estado de necesidad se basa en la ponderación de males, cuestión harto compleja cuando se trata de ponderar riesgos. Jurídicamente no hay duda que en una situación de recursos limitados y de medicina de catástrofe está justificado en un caso extremo atender al enfermo con mejor pronóstico. Por desgracia, esta situación trágica la hemos visto estos días. Pero otras decisiones entrañan valoraciones y decisiones menos evidentes. ¿Está justificado mantener encerrados a los niños y adolescentes cuando sabemos que es beneficioso para su salud poder salir a la calle, que para algunos de ellos el encierro con su familia supone un incremento del riesgo de padecer experiencias que pueden tener consecuencias muy graves en su salud psíquica y física? ¿Está justificado hacerlo por no haber tomado los gobernantes las decisiones que tocaban para proteger a la población, cuando los menores no son un colectivo de riesgo ante el contagio y por lo tanto su confinamiento es esencialmente una medida para proteger a otra parte de la población, y cuando en muchos países pueden salir y, pese a ello, están teniendo mejores resultados en la lucha contra la epidemia?

Personalmente entiendo que este sacrificio que se ha impuesto a los menores es uno de los mayores errores y abusos que se han cometido en la gestión de la epidemia, que se explica porque muy pocos (ninguno entre quienes han tomado decisiones hasta ahora) se han tomado en serio a los niños, desde una visión global de la salud pública y de los niños como titulares de derechos y no como mero elemento añadido a la vida de los adultos.

Autor / Autora
Doctor en Derecho, desde 1999 es Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Lleida y desde 2010 Catedrático de la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente es el director del Máster Universitario de Ciberdelincuencia. Investigador principal del Grupo "Sistema de justicia penal". Su actividad de investigación se ha centrado especialmente en la victimología, la justicia restaurativa y el sistema de sanciones penales.
Comentarios
Conchita Cartil20 abril, 2020 a las 8:19 pm

Totalmente de acuerdo Dr. Tamarit. Este gobierno no ha tenido en cuenta una orientación multidisciplinar sobre el confinamiento de los niños que son también víctimas ( no del contagio precisamente) que pueden estar en situaciones de riesgo dentro de su propia familia y que no pueden expresar. No quieren escuchar la opinión de los expertos que tienen mucho que decir sobre el interés del menor y sobre sus derechos.

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