Del estado emprendedor a la sociedad emprendedora

28 septiembre, 2021
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En 2016, Financial Times consideró libro del año El estado emprendedor, de Marianna Mazzucato, economista, asesora de gobiernos y centros vinculados a la innovación como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) o el ministerio brasileño de Ciencia e Innovación. En él se desprende que la recurrente asociación entre iniciativa individual y competitividad, entre disrupción digital y grupos de jóvenes emprendedores encerrados en garajes, invirtiendo ahorros, creatividad y esfuerzo, es el resultado del relato que medios de comunicación, empresas y sectores políticos, han querido imponer. El propósito es simple: relacionar las virtudes del emprendimiento con el sector privado y así legitimar la mengua constante del aparato burocrático, lento y farragoso, del estado limitando sus atribuciones al establecimiento de unas reglas de juego básicas.

Bien al contrario, desde su perspectiva, ni es lento, ni conservador ni burocrático, sino todo lo contrario, el estado es la organización más emprendedora del mercado y la que asume inversiones de mayor riesgo. Históricamente, el estado ha realizado inversiones clave que el sector privado, aunque dispusiera de los recursos, nunca hubiera emprendido dada la incertidumbre que genera la innovación y las pérdidas que pueda ocasionar. Puesto que las empresas no tienen suficientes incentivos para investigar –de hacerlo deberían compartir el conocimiento y, consecuentemente, los beneficios-, el estado se erige como organización ideal -una vez más, providencial-, para dedicarse a la ciencia como un fin en sí misma y no como medio para lograr un beneficio económico. Es el único actor del sistema con una capacidad inigualable de gasto, incluso en sectores en los que el análisis coste-beneficios recomendaría no invertir. El estado puede invertir sin temor a la quiebra.

¿Es viable un estado emprendedor?

Si el estado es el origen mismo de los mercados modernos[1], a nadie debería sorprenderle que de algún modo lo hallemos siempre detrás de las grandes disrupciones tecnológicas. Sin ir más lejos, Apple no hubiera triunfado sin una ingente financiación pública inicial: desde internet hasta el GPS, pasando por las pantallas táctiles o las últimas innovaciones, como el reconocimiento de voz del asistente Siri y todas las tecnologías que han hecho posible el iPhone, el iPad y los teléfonos inteligentes. Todos los avances en éste ámbito son, en cierto modo, producto de décadas de inversión estatal en innovación –Sillicon Valley-, cuando no herederas de tecnologías desarrolladas por entidades públicas pertenecientes al estado, como la CIA o el ejército de EE. UU.

Constatada sus fortalezas, el estado puede asumir un papel emprendedor, como un operador más, transitando de un estado facilitador del mercado hacia un estado capaz de modelar y crear mercados nuevos. En lugar de limitarse a allanar el terreno al mercado, alterarlo en aquellas direcciones que considere oportunas, asociándose si conviene con el sector privado. Por lo tanto, además de financiar la ciencia básica, la aplicada, su desarrollo y la comercialización de productos, el estado debería subsidiar la investigación en pequeñas empresas, crear bancos estatales de inversión e invertir en startups, actuando como lo haría el capital-riesgo, participando en el control de aquellas empresas beneficiadas por ayudas estatales a la I+D+I y recibiendo parte los beneficios obtenidos. Además, el estado está suficientemente legitimado para asumir la función de coordinación y dirección de los agentes inmersos en el sistema de innovación, impulsando proyectos  visionarios a largo plazo, sea un nuevo programa Apolo contra el cambio climático, la Iniciativa Nacional de Nanotecnología en Estados Unidos o el retorno de la humanidad a la Luna.

La propuesta de un estado emprendedor es sugestiva e invita a fantasear con proyectos ambiciosos, aunque necesitarían probablemente de un mundo perfecto, coherente, ausente de conflictos, cuyos esfuerzos y energías se dirigiesen harmónicamente hacia un mismo propósito guiados siempre por un estado emblema del bien común. No son pocas las personas –pese a tantas experiencias históricas precedentes- que siguen idealizando un estado fuerte, honesto, perfectamente alineado con los intereses de la ciudadanía, cuyo único propósito es la defensa de los más débiles ante los poderosos. La idea salvadora del estado sigue vigente, paradójicamente, incluso entre personas altamente activas en la denuncia de los innumerables abusos y favoritismos que el estado –el mismo que debería asumir el rol emprendedor- ejerce en favor de tal o cual grupo de interés, lobby o grupo empresarial.

La innovación no puede ser centralizada

La propuesta de un estado director de la innovación suele verse con simpatía cuando se asocia al emprendimiento de aquellos propios proyectos con los cuales uno se siente identificado. Sin embargo, una cierta noción neutralidad valorativa en el análisis de la propuesta, debería obligarnos a hacer el esfuerzo de visualizarlo dirigiendo proyectos “visionarios” bien alejados de nuestras preferencias, incluso contrarios a nuestra propia ética personal. De hacerlo, bien seguro aparecerían las primeras dudas. En algunos casos, el escenario futuro podría llegar a ser preocupante.

Quizás entonces sería el momento adecuado para constatar cómo la idea de dirección estatal podría facilitar la creación de monopolios, tanto en la decisión como en la producción. Podría favorecer ciertos grupos de interés respecto a otros, impulsando no una economía productiva sino todo lo contrario, clientelar. De ser así, nos encontraríamos que, lejos de incentivar el emprendimiento, el estado emprendedor estimularía actitudes conservadoras, más preocupadas por mantener los privilegios regulativos, que de aceptar la competencia conforme al mérito. En una dinámica encorsetada, dominada por unos pocos operadores, la dificultad para la creación de nuevos proyectos sería evidente. Es perfectamente imaginable la posibilidad de crear barreras, poner límites, condiciones, plazos, objetivos y todo tipo de cortapisas para que no quede espacio para los innovadores, para la aparición no prevista de sus descubrimientos. El desarrollo de una economía clientelar limitaría en consecuencia la oferta, cristalizando en un estado proveedor, más que emprendedor.

Previsiblemente, las energías de ciertos operadores se invertirían en crear barreras de entrada a potenciales nuevos competidores disruptivos, eliminando incentivos para personas realmente creativas, habitualmente ya suficientemente reacias a transitar por cauces oficiales. Innovación suele ser sinónimo de ruptura de un tradicional modo de hacer las cosas. Exige una absoluta libertad difícilmente imaginable en un entorno protegido, pautado, planificado, previsible y controlado, cuando no cautivo por parte unas pocas organizaciones, proclives a mantener el status quo, a evitar riesgos o a que cualquier cosa pueda alterarlo. Los parámetros de la experimentación, claves para cualquier innovación, se estrecharían ineludiblemente. ¿Podría haberse encargado la Divina Comedia? ¿O la Novena Sinfonía? Ni la sociedad ni el individuo pueden promover el genio o su obra. La innovación difícilmente puede realizarse por encargo.

Según cuenta Gaziel en sus memorias, un general francés afirmó que la batalla mejor preparada de Napoleón fue la de Waterloo, su gran derrota, definitiva para su suerte final. La innovación surge de un ecosistema que no puede tampoco controlarse, encorsetarse entre los estrechos márgenes de una determinada política pública, con su reglamento interno, su dotación presupuestaria, su equipo mixto de seguimiento, sus consultores externos y sus técnicos funcionariales encargados de evaluar las distintas etapas del plan previsto, de control burocrático, de procesos de arriba abajo (top down) y no a la inversa (bottom up) que algunos intuyen que reviviría las negativas problemáticas de las economías intervenidas y de planificación centralizada.

El estado no es el fin sino un medio para la economía ciudadana

Por otro lado, en un mundo globalizado parece poco razonable pensar que una sola organización -una administración pública determinada encargada de dirigir la innovación- pudiera ser capaz de disponer de mayor y mejor información que la generada por miles de organizaciones y personas interactuando, relacionándose de manera no dirigida en el mercado, sin plan previo, en un sistema descentralizado de medios de producción distribuidos. Incluso podría aventurarse arrogante pretender mejorar o reproducir las condiciones naturales y sociales que permiten la aparición de la creatividad y de las creaciones. Si la experimentación, al fin y al cabo, es la clave de la innovación en los sistemas económicos más libres, si errar es parte inevitable en una economía de mercado, ninguna planificación centralizada debería pretender competir con los millones de interacciones y cooperaciones que se dan en nuestras sociedades cotidianamente y que las empresas se encargan de formalizar y comercializar.

¿No sería, en definitiva, más eficiente en términos de producción de innovación un control indirecto por parte del Estado? Esto es, ¿Promoviendo condiciones para la autonomía científica y económica de dichos científicos? De verdad,  ¿Todas ellas no pueden ser igual o mejor realizables por la propia sociedad, de forma mucho más adecuada a sus necesidades? Concentrar las energías en dar el protagonismo a la ciudadanía, apoyando la investigación básica en el entorno universitario, cuya dirección de investigación no esté dirigido por el estado, sino principalmente por un equipo científico, de acuerdo a criterios científicos. Apoyar al verdadero motor de la innovación, la acción descentralizada, en un entorno de mercado, donde la ciudadanía, canalizaría su iniciativa económica a través de una gran variedad de instituciones, desde start-ups, a  cooperativas o conglomerado empresariales.

En la promoción de la innovación no se trata de mayor o menor regulación sino de buena regulación, aquella que permita la mayor libertad posible a los creadores, que atraiga recursos y capital para potenciar la vocación científica. Una sociedad descentralizada, una ciudadanía libre, cultural, económica y socialmente, capacitada para impulsar nuevos proyectos que superen sin más hegemonías empresariales o tecnologías obsoletas, capaces de crear nuevos mercados, nuevos nichos de empleo, de progreso y bienestar para la población. Más que aumentar el protagonismo, el estado debería minimizarse y dar protagonismo a las ciudades. Si el estado no es el fin sino un medio para una economía ciudadana, creada controlada y orientada hacia ella, el objetivo debería ser más ambicioso. Más que un estado emprendedor, apostar por una sociedad emprendedora.


[1] Para una refutación detallada de sus argumentos principales ver: https://www.juandemariana.org/sites/default/files/investigacion/20160803-mitos-y-realidades-estado-emprendedor.pdf

Autor / Autora
Profesor colaborador en la asignatura Nueva economía urbana del Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo. Politólogo y máster en Dirección pública. Consultor en gestión pública y economía social, cooperativa y colaborativa. rogersunyer.com / @rogersunyer / Linkedin
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