Abusos sexuales en la Iglesia católica: querer saber

5 marzo, 2019

La cultura organizacional de la Iglesia católica, en aspectos como el poder clerical, la posición ante la sexualidad y la mujer, el celibato obligatorio, la concepción del pecado que pone el foco en la transgresión del sexto mandamiento más que en el daño causado a la víctima o una administración a menudo frívola del perdón podrían explicar el significativo mayor porcentaje de abusos sexuales en instituciones religiosas católicas respecto al de otras confesiones.

En las últimas semanas han sido noticia nuevos casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica. Sorprende a algunos que las víctimas los revelen al cabo de muchos años o que los hagan públicos después de que otras víctimas hayan dado el paso. Sin querer juzgar ahora ningún caso en concreto, hay que explicar que nada de ello debería causarnos extrañeza. Son muchas las barreras que una víctima tiene que vencer antes de hacer pública su experiencia. Hay por un lado potentes barreras personales, como la vergüenza, el sentimiento de culpa o el miedo a las consecuencias, obstáculos que de manera repetida han sido examinados en los estudios sobre abuso sexual infantil. Es necesario un tiempo largo de maduración para que algunas víctimas, ya en su edad adulta, se atrevan a dar el paso. Por otra parte hay barreras sociales, no menos poderosas. En el caso de los abusos cometidos por religiosos hay que tener en cuenta el poder que ha tenido la Iglesia católica. Esto explica que en España el fenómeno, en su dimensión pública, llegue más tarde que en los países anglosajones o en otros países europeos, donde el proceso de secularización había empezado antes.

El poder que ha tenido tradicionalmente la Iglesia católica en España explica que las denuncias de casos de abuso sexual infantil se denuncien más tarde que en los países anglosajones o en otros países europeos, donde el proceso de secularización había empezado antes

A partir de un ejemplo podemos intentar entender el problema de la invisibilidad de los abusos sexuales por parte de eclesiásticos. Hemos sabido recientemente que en un pequeño pueblo de Cataluña ejercía un sacerdote sobre el que han recaído ahora varias denuncias de abuso. Se ha sabido también que casi todo el pueblo lo sospechaba y que dos alcaldes habían ido a ver al obispo para pedirle que hiciera algo y lo único que finalmente hizo el prelado fue destinarlo a otra población. Los ciudadanos habían obrado según lo que era la norma social del momento. Los alcaldes actuaron también de acuerdo con la normalidad no escrita: se dirigieron al obispo en lugar de poner los hechos en conocimiento de la fiscalía (desde 2015 obligatorio en virtud de una ley española para cualquier autoridad, funcionario o profesional) y tanto los alcaldes como el obispo se sacaron de encima «su» problema. Es obvio, sin embargo, que esta reacción no permite cumplir con las dos exigencias primarias de la respuesta al abuso: la prevención de futuros delitos y la reparación a las víctimas, entendiendo la reparación en el sentido más amplio, que incluye el reconocimiento de los hechos, la justicia, la responsabilización por parte del infractor y/o de la institución, las garantías de no repetición y, también, una compensación económica por el daño moral y los costes que haya podido conllevar un tratamiento psicológico que no se cubre a cargo del presupuesto público.

Un proyecto de investigación coordinado por la UOC y con participación de dos equipos más de la Universidad de Barcelona y de la Universidad del País Vasco está llevando a cabo diversos estudios para conocer las causas y las consecuencias de los abusos sexuales a menores en el seno de instituciones religiosas. En otros países ha habido informes oficiales impulsados por instituciones públicas (Australia, Irlanda o Canadá) o por los propios obispos católicos (Estados Unidos o Alemania). También ha habido procedimientos especiales para reparar a las víctimas de abusos ya prescritos (Bélgica, Países Bajos o Alemania) y una abundante producción científica. Pero en España nada de esto se ha hecho hasta ahora y no hay motivos para pensar que el fenómeno de los abusos sexuales haya tenido en este país de tradición católica unas dimensiones mucho menores que en los países mencionados.

El estudio estatal sobre abusos sexuales en la Iglesia católica permitirá conocer cuáles son los factores de riesgo vinculados a la estructura y la organización eclesial

Un aspecto fundamental del estudio es el que permitirá conocer cuáles son los factores de riesgo vinculados a la estructura y la organización eclesial. Esto es lo que en algunos países han querido saber precisamente, con muy buen criterio, los responsables eclesiales, y que en la reciente cumbre vaticana no se ha abordado con la convicción y el coraje necesarios. Desgraciadamente los obispos del norte de Europa y de los Estados Unidos no han podido arrastrar a los de otras partes del mundo donde las inercias del pasado tienen todavía una fuerza paralizante. Una cuestión clave es saber si, además del riesgo de que en la Iglesia católica, como cualquier grupo humano, acudan personas motivadas por abusar sexualmente de menores y que busquen la ocasión para poder hacerlo, hay riesgos derivados de la cultura organizacional de la Iglesia, en aspectos como el poder clerical, la posición ante la sexualidad y la mujer, el celibato obligatorio, la concepción del pecado que pone el foco en la transgresión del sexto mandamiento más que en el daño causado a la víctima (como refleja, por ejemplo, la definición del delito al propio Derecho canónico), o una administración a menudo frívola del perdón, entre otros. Estos aspectos de la cultura eclesial, que no de la religión en sí ni de sus principales dogmas, son los que varios estudios llevados a cabo en otros países han identificado como causas de que el porcentaje de abusos en instituciones religiosas católicas haya sido significativamente superior que en otras confesiones.

También nos interesa evaluar los efectos de los abusos en las víctimas, como condición para poder diseñar respuestas institucionales adecuadas y una práctica profesional fundamentada empíricamente. Para hacerlo posible hay abierta una encuesta que pedimos que de manera anónima respondan las víctimas que lo deseen. Para ello pueden dirigirse a greviaub@gmail.com o al teléfono 603355800.


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Autor / Autora
Doctor en Derecho, desde 1999 es Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Lleida y desde 2010 Catedrático de la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente es el director del Máster Universitario de Ciberdelincuencia. Investigador principal del Grupo "Sistema de justicia penal". Su actividad de investigación se ha centrado especialmente en la victimología, la justicia restaurativa y el sistema de sanciones penales.
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