¿Cómo responde el sistema de justicia penal a las necesidades de las víctimas de violencia de género?

9 marzo, 2020
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El pasado día 5 de marzo tuvo lugar en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Jurídica Especialitzada, la presentación del estudio titulado Cómo responde el sistema de justicia penal a las necesidades de las víctimas de violencia de género? Percepción de los profesionales y de las víctimas”. El estudio ha sido dirigido por el profesor Josep Maria Tamarit, catedrático de la UOC y de la Universitat de Lleida y en él han participado también la profesora Patricia Hernández, profesora del Grado de Criminología así como dos colaboradoras del Grado de Criminología de la UOC, la psicóloga Alazne Aizpitarte y la criminóloga Laura Arantegui. Todos ellos son miembros del grupo de investigación de la UOC “Sistema de Justicia Penal”. El estudio fue encargado por el Observatori Català de la Justicia en Violència Masclista.

El estudio ha tenido como objetivo general evaluar de qué manera el sistema de justicia penal está dando respuesta a las necesidades de las víctimas de violencia de género y ver si realmente permite el pleno ejercicio de sus derechos. Como objetivos específicos, por un lado, se ha querido conocer la experiencia de las víctimas con la Administración de Justicia, en especial en lo referente a la respuesta que se les brinda en relación con sus necesidades y derechos y, por otro, se ha analizado la percepción que las víctimas tienen sobre el trato que reciben por parte de los profesionales que intervienen en el procedimiento judicial.

Desde el punto de vista de los profesionales, se ha analizado de qué manera las percepciones de los profesionales del sistema judicial está determinada por su perfil profesional, su experiencia, por la visión que tienen de la víctima, etc. También se ha analizado cómo los profesionales perciben las dificultades a las que se enfrenta la víctima en las diferentes fases del proceso judicial así como detectar también qué dificultades se encuentran los profesionales a la hora de atender a las víctimas y dar una respuesta adecuada a sus necesidades y derechos.

Escuchar activamente a las víctimas

Para la realización del estudio se han obtenido dos muestras: una muestra de 22 jueces de violencia contra la mujer y otros profesionales que realizan su actividad en este ámbito y una muestra de 19 víctimas de violencia de género que han denunciado su situación y su caso ha sido enjuiciado. Se ha seguido una metodología de tipo cualitativo, efectuando entrevistas en profundidad a todos y todas las participantes, para poder conocer de manera más detallada si la respuesta judicial a esta problemática es o no satisfactoria para las víctimas que se deciden a denunciar su situación.

Como decimos, el objetivo prioritario del estudio ha sido escuchar activamente a las víctimas, conocer cómo se sienten durante el procedimiento y cómo este puede repercutir en su recuperación. Las víctimas evidencian el intenso impacto psicológico derivado de los episodios de violencia sufridos, si bien su estado emocional tiende a mejorar.

Para las víctimas, la sentencia condenatoria supone el cierre de una etapa, sentir que se ha hecho justicia y, especialmente, se consolida el alejamiento del agresor.

Los factores que resultan positivos en esa recuperación son el alejamiento del agresor, la atención psicológica, el paso del tiempo y el apoyo del entorno. De las entrevistas realizadas no podemos concretar en qué medida el paso por el sistema de justicia penal ha podido contribuir a esa mejora, si bien en cierta medida, del análisis se desprende cierta influencia de la sentencia condenatoria, que para las víctimas supone el cierre de una etapa, sentir que se ha hecho justicia y, especialmente, se consolida el alejamiento del agresor. Destaca también en positivo el paso de las víctimas por las Oficinas de Atención a la víctima y los SIADS, el acercamiento o contacto directo con el juez, la sensación de poder acceder fácilmente a su abogado y que este se preocupe por ellas y, especialmente expresan cómo el seguimiento de los Mossos d’Esquadra les da mucha sensación de protección y seguridad (llamadas de seguimiento, predisposición etc).

Las expectativas no cumplidas

No obstante, el paso por el sistema de justicia penal también pasa factura en las víctimas. El factor más importante que hemos detectado es el peso e impacto negativo que las expectativas no cumplidas tienen en las víctimas: el hecho de no sentirse apoyadas por sus abogados, de no ser escuchadas, de ser privadas de libertad dentro de las dependencias judiciales o sentirse menospreciadas, juzgadas y no creídas.

Desde un punto de vista procesal, las víctimas presentan confusión en relación con las distintas fases del procedimiento. Además, los juicios rápidos para algunas víctimas, resultan ser demasiado rápidos, especialmente en aquellos casos en los que han sido hospitalizadas o están todavía en estado de shock emocional. Las órdenes de protección son una cuestión nuclear para las víctimas, tanto por el hecho de que tienen la expectativa de que va a ser concedida en todos los casos como por el hecho de que una vez concedida, tienen una sensación de “protección ficticia”.

Es importante destacar que la víctima que ve denegada la orden de protección siente que el sistema no la está creyendo, que están creyendo al agresor. Esta cuestión es sumamente importante: la víctima debe comprender que la orden de protección no es el juicio, que es sólo una fase procesal inicial y que la denegación no supone que no la crean. Es tarea de los abogados que asisten a las víctimas el informarlas de forma clara y comprensible de qué supone el acceso al sistema judicial y qué implica cada fase procesal y, más importante, del hecho de que la carga de la prueba corresponde a la parte que denuncia.

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La existencia de la «impotencia sistémica»

En definitiva, el informe ha evidenciado la existencia de visiones divergentes entre el colectivo de profesionales y el colectivo de víctimas, así como la existencia de un elevado nivel de estrés en los profesionales por el poco margen que tienen para ofrecer una respuesta adecuada a las víctimas a su paso por el sistema de justicia penal, por falta de tiempo y de medios pero, también, por la existencia de una cierta visión estereotipada de cuál debe ser el perfil de una víctima de violencia de género y de cuál debe ser su comportamiento en el procedimiento.

Ese nivel de estrés es lo que hemos denominado “impotencia sistémica”, situación que se crea cuando confluyen, por un lado, un elevado nivel exigencia ante las expectativas que, sobre el tratamiento de la violencia de género, tiene la sociedad y, por otro, la constatación de que las víctimas buscan en el sistema de justicia una respuesta que éste no puede darles.

Es importante dotar de más medios materiales a los juzgados y mejorar la calidad de la información que se da a las víctimas cuando acceden al sistema judicial, para incrementar el nivel de comprensión de sus derechos y empoderarlas

El estudio vuelve a confirmar que, pese a que se ha avanzado mucho en el tratamiento y respuesta judicial que se brinda a la violencia de género, todavía queda mucho trabajo por hacer: es importante dotar de más medios materiales a los juzgados y dar amplia cobertura al contenido del Estatuto de la Víctima y mejorar la calidad de la información que se da a las víctimas cuando acceden al sistema judicial, para incrementar el nivel de comprensión de sus derechos y empoderarlas.

Resulta igualmente fundamental mejorar la formación de los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género para que conozcan las consecuencias que la victimización violenta puede tener en el comportamiento de las víctimas, también en el procedimiento penal. A nivel más procedimental, es necesario reducir la repetición del relato, fomentando la validez de la prueba preconstituida así como acelerar los procesos de instrucción, replanteándose a su vez el tempo de los juicios rápidos, para ajustarlos, en la medida de lo posible, al tiempo psicológico de la víctima.


Podéis acceder al estudio Cómo responde el sistema de justicia penal a las necesidades de las víctimas de violencia de género? Percepción de los profesionales y de las víctimas” a través de este enlace: http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/ocjvm/publicacio/publicacions/percepcioProfessionals.pdf

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Autor / Autora
Profesora responsable de asignaturas del Grado en Criminología, del Máster en Ciberdelincuencia y del Máster Interuniversitario de Criminología y Ejecución Penal (UPF/UPC/UAB/UdG). Su actividad docente se centra en el ámbito de la Criminología, Victimología y Sistema de Justicia Penal. Sus líneas de investigación giran en torno al estudio cuantitativo y cualitativo de los procesos de victimización y desvictimización (especialmente en las relaciones de pareja y familiares o de proximidad) y del análisis del papel que desempeña el sistema de justicia penal sobre la víctima del delito. Asimismo, estudia la criminalidad relacionada con las nuevas tecnologías y explora respuestas alternativas o complementarias a la respuesta jurídico-penal que reduzcan la victimización secundaria de las víctimas que acceden al sistema de justicia penal (SJP). Colabora con la Fundación Barça en un proyecto de prevención de la victimización en menores de edad y la nueva Ley de Protección integral de la infancia, así como en un proyecto conjunto con Save the Children y la Universidad Rovira i Virgili sobre la evaluación del modelo Barnahus en Cataluña.
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