Acceso a la justicia (A2J) ó Sísifo ante la “nueva normalidad”

Se constata a nivel global, aunque en grado desigual, una progresiva digitalización de los instrumentos que permiten el acceso a la justicia, lo que está facilitando a algunos países afrontar de manera solvente los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19.

Es el caso de numerosos territorios de los Estados Unidos, con el uso de la retransmisión por streaming y videoconferencias para las audiencias públicas; de Alaska, donde los tribunales permiten a los litigantes declarar y presentar pruebas por medios electrónicos; de Nuevo México, donde los testimonios se efectúan sin necesidad de presencialidad reforzando, eso sí, la pena de falso testimonio; de Ottawa y Michigan, donde en los procedimientos de familia se proporcionan a los progenitores notificaciones automáticas, recordatorios y audiencias con el juez cuando existe una causa justificada; de Estonia, cuya administración de justicia cuenta con un sistema registro y bases de datos interconectados entre sí y resto de administraciones (X-Road) que permite procesos en línea; de Eslovenia y Letonia con sistemas que se aproximan al estonio; o de Canadá, México o el Reino Unido, por poner otros ejemplos, donde ya se hallan instaurados procedimientos completamente en línea para la resolución de reclamaciones económicas en el ámbito del consumo y de las reclamaciones de escasa cuantía (small claims).

El objetivo de la digitalización no es reemplazar tribunales por ordenadores, sino auxiliar estratégicamente en los procesos, para que éstos resulten más accesibles, eficientes, equitativos, rápidos y extender sus funcionalidades en la mejora del acceso a la justicia por las personas.