Sí, fue una amnistía… ¿y qué?

 

El Tribunal Constitucional ha declarado nula la norma del Gobierno, impulsada por Montoro en 2012, que permitió regularizar dinero oculto a Hacienda sin consecuencias penales ni sanciones tributarias para los defraudadores. En aquel momento, todos se apresuraron a denunciar que se trataba de una amnistía fiscal encubierta y cinco años después el Constitucional lo ha confirmado.

Según declaró en su día el propio Ministro, gracias a este proceso de regularización “voluntaria”, unos 31.000 defraudadores ingresaron a Hacienda cerca de 1.200 millones de euros y expiaron sus culpas pagando el tipo reducido del 10% sobre lo no declarado. Cabe recordar que a aquellos que se demoran más de un año en ingresar una deuda tributaria se les aplica un recargo del 20% más intereses de demora, mientras que a aquellos que se les abre un proceso sancionador las multas oscilan entre el 50% y el 150% del importe no declarado o dejado de ingresar. Es evidente la “bondad” de la medida.

Pues bien, el Tribunal Constitucional critica que este procedimiento de regularización dio por válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándoles en una posición más favorable que la de aquellos que de forma voluntaria cumplen puntualmente con su obligación de contribuir.

En este sentido, el Tribunal afirma que, con esta medida, se quebró la esencia de nuestro sistema impositivo, alterando el reparto de las cargas tributarias que deberían compartir todos los ciudadanos españoles, y cargándose los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica y progresividad.

Por todo ello, que no es poco, el Constitucional termina declarando nulo el procedimiento de regularización acordado por el Gobierno.

Ahora bien, al final de la sentencia se precisa que las situaciones firmes producidas al amparo de esta amnistía no serán susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la anulación, es decir, que los defraudadores se pueden quedar tranquilos porque, a pesar de todo lo dicho por el alto tribunal, ellos no tienen la culpa de la generosidad del Gobierno y, además, en caso de acordar lo contrario se pondría en peligro otro principio constitucional como es el de seguridad jurídica, aquél que no permite cambiar las reglas del juego cuando la partida ya ha empezado o, como en este caso, ya ha terminado.

Sentencia demoledora… pero no pasa nada.